En ellos las instituciones oficiales (ayuntamientos, diputaciones...) pueden ponerse en contacto con sus proveedores, y estos pueden agrupar ofertas o servicios podríamos llamarlos de "empresa a administración".
Se podría pensar que al ser transparente con un ente regulador puede poner a la empresa en una posición vulnerable.
[5][6] La relación existente entre empresa gobierno no se desarrolla de manera aislada, las empresas reguladas deben enfrentarse a diversos actores públicos y privados que exigen respuestas, como bancos, ONG, compañías de seguros, organizaciones comerciales y gobiernos.
[cita requerida] En el resto de Latinoamérica, varios países cuentan con la obligación de uso de la factura electrónica en todas sus transacciones; entre estos se destacan: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guadalupe, Guatemala, Guayana Francesa, Honduras, Martinica, México, Perú y Uruguay; excluyendo regiones como: Belice, Cuba, Haití, Nicaragua, San Bartolomé y San Martín.
[11] En la década de los 90 se dieron los primeros pasos al mundo del e-commerce a nivel estatal en Colombia.