La Defensoría del Pueblo de Bolivia es una institución boliviana establecida por la constitución, encargada del cumplimiento de los derechos humanos en el país, así como también de la vigencia, difusión y promoción de los mismos.
La defensoría posee autonomía funcional, financiera y administrativa.
La defensoría no recibe instrucciones de ninguno de los órganos (poderes) del estado y está sujeto a control fiscal.
[1] La Defensoría del Pueblo de Bolivia, se encuentra regulada y reglamentada por la Ley 870 "Ley del Defensor del pueblo" del 13 de diciembre de 2016.
La defensoría del pueblo es encargada de cumplir con las siguientes funciones: Para ser defensor del pueblo de Bolivia se necesita cumplir con los siguientes requisitos:[2]