Ley 31973
[9] Desde su publicación, 109 federaciones indígenas y 2439 comunidades nativas, gobiernos regionales, gobiernos autónomos territoriales, colectivos e instituciones ambientalistas, científicos,[10] titulares de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental,[11] colegios profesionales, el cardenal Pedro Barreto,[12] el especialista ambiental e ingeniero agrónomo Marc Dourojeanni,[13] exministros y embajadas han criticado la ley, han solicitado que el Estado derogue la ley y se han organizado marchas y plantones solicitando su derogación.
[14][15] Las principales críticas a las modificatorias de la Ley n.° 31973 son las siguientes: La ley también puede afectar los tratados y acuerdos firmados por Perú como el Acuerdo de París, el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, y el Acuerdo Comercial con la Unión Europea ya que se han establecido normas que impiden ingresar productos agrícolas que no provengan de tierras que tengan cero deforestaciones.
[22]En el 2014, según el Mapa Amazonía Peruana, el 25% de las hectáreas deforestadas se registraron en territorios indígenas y áreas naturales protegidas.
[9] En marzo de 2023, la propuesta fue impulsada por insistencia en el Pleno y en esa oportunidad, el proyecto se archivó al no alcanzar los votos necesarios.
[6] La Junta de Portavoces compuesta por la Mesa Directiva y por un Portavoz por cada Grupo Parlamentario, aprobó esa reconsideración a último minuto.
[32] Ante esto, las congresistas Ruth Luque y Susel Paredes presentaron dos pedidos de reconsideración que fueron admitidos a trámite por el Parlamento.
[31][35] Diversas organizaciones comunidades nativas, ONG ambientalistas y gobiernos regionales como el de Huánuco y el de San Martín, han criticado a la modificatoria argumentando que:[14][36] Pese a afectar sus territorios, la modificatoria no fue consultada con pueblos indígenas.
[11] Las disposiciones podrían causar el archivo de casi 1300 procesos fiscales y judiciales en curso por delitos asociados a la deforestación.
[11][41] El exministro del Interior, Walter Albán, cuestionó al Congreso, por promulgar, por insistencia, la norma y calificó como un escándalo que el Pleno no haya sometido a debate las reconsideraciones presentadas por las legisladoras Ruth Luque y Susel Paredes.
[33] Las embajadas de Noruega, Inglaterra, Canadá y Alemania han emitido un pronunciamiento conjunto señalando que la ley perjudicaría la conservación de la amazonía y alienta las actividades delictivas en territorios indígenas.
Junín, frente al Congreso de la República llevando pancartas y cantando arengas.
A los representantes del Congreso de la República se les dio un plazo de 30 días hábiles para que se apersonen al proceso y contesten la demanda.
Asimismo, en la demanda se argumenta que para aprobar dicha norma no se realizó la consulta previa a los pueblos indígenas y que se vulnera los principios relacionados con el régimen forestal y el deber de conservar un ambiente equilibrado establecidos en los artículos 67, 68 y 69 de la constitución política del país.
Esta solicitud contó con el respaldo de congresistas y organizaciones civiles, quienes reclamaron acciones inmediatas ante los incendios forestales ocurridos en los últimos meses.
