[1] Diversas organizaciones no gubernamentales han reportado violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales durante los operativos, y tanto el presidente Maduro como la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz y el defensor del pueblo Tarek William Saab han reconocido excesos policiales durante los despliegues.
Según Luis Izquiel, especialista en seguridad ciudadana, las FAES resultaron "iguales o peores en materia de violación a los derechos fundamentales”.
[6] Las autoridades venezolanas registraron casa por casa en busca de delincuentes marcando con una R o una D un muro de la casa indicando que la vivienda ya fue registrada o que esta debería ser demolida;[7] muchas familias fueron separadas, pues los padres colombianos fueron deportados a Colombia sin sus hijos cuando estos tenían la nacionalidad venezolana.
[12] Nicolás Maduro, Luisa Ortega Díaz y Tarek William Saab reconocieron excesos cometidos por la OLP.
[21] PROVEA apoyó que el Ministerio Público investigase las circunstancias en las que 245 personas habían sido asesinadas y criticó el silencio del Defensor del Pueblo en su informe anual de 2015.
Según Luis Izquiel, especialista en seguridad ciudadana, las FAES resultaron "iguales o peores en materia de violación a los derechos fundamentales”.