La pobreza energética o precariedad energética, referida a un hogar familiar, es aquella situación en la que los ingresos son nulos o escasos para pagar la energía suficiente para la satisfacción de las necesidades domésticas.
Aunque la pobreza energética se asocia a la energía para calefacción deben considerarse otros usos como la energía suficiente para el funcionamiento de electrodomésticos básicos como el frigorífico y la cocina y el agua caliente.
En lugares muy cálidos puede considerarse también la necesidad de mantener una temperatura máxima en verano.
Esto se traduce en familias que pasan frío en invierno y calor en verano, viviendas con moho y humedad, cortes de suministro por impago (1,4 millones en 2012, más del doble que en 2006, según cálculos de este periódico), menos dinero para satisfacer otras necesidades básicas y, lo más grave, muertes prematuras en invierno.
Por otro lado, los datos también señalan a Galicia, Asturias, Canarias y al País Vasco como los lugares menos afectados.
Un estudio realizado en un barrio de Madrid antes y después del confinamiento por COVID-19 reveló que estos hogares enfrentan mayores dificultades para acceder a viviendas con una eficiencia energética adecuada, lo que repercute negativamente en su salud y bienestar.
[11] En España hay previstas ayudas y bonificaciones en forma de descuentos para pagar las facturas energéticas de aquellas personas que se encuentran en vulnerabilidad social y/o económica, es decir, para combatir la pobreza energética.
Los requisitos tienen que ver con la renta anual del solicitante (destinado a rentas bajas), para familias numerosas, para pensionistas, para personas con discapacidad (superior al 33%) y para quienes sean víctimas de violencia de género o terrorismo.