El aborto en la Islas Baleares, también conocido como Interrupción voluntaria del embarazo (IVE),[1][2] es legal.
[6] Los procedimientos de IVE en las Islas Baleares se realizan en hospitales públicos y clínicas privadas.
[7][8][9] Al principio de la legalización, los abortos se realizaban principalmente en clínicas privadas.
[17][18] Durante la dictadura, las mujeres que requerían una interrupción voluntaria del embarazo fueron en ocasiones perseguidas.
[7][22][23][24] La Fundación Red Madre intentó limitar el acceso al aborto a nivel regional, al mismo tiempo que intentaba cambiar la ley para penalizar el aborto a nivel nacional.
Tuvieron un éxito limitado en las Islas Baleares, donde un gobierno liderado por el Partido Popular cambió la ley en 2013, siendo posteriormente derogada en 2016.
[25] En la década de 2020 las feministas locales continuaron luchando para preservar el derecho al aborto.
[26][27] Históricamente, el acceso al aborto en España ha dependido del dominio masculino sobre las mujeres y sus actividades reproductivas.
[28] El aborto se ha utilizado como un medio para afirmar el control no sólo sobre los cuerpos y la sexualidad de las mujeres, sino también para hacer cumplir las normas culturales de género y los ideales patriarcales en la sociedad en general.
[33] El control de la natalidad tiene una tasa de mortalidad femenina mucho más baja que los abortos, y es mucho más baja que la mortalidad femenina en España por abortos ilegales.
[33] El Liber Iudiciorum fue una recopilación de leyes visigodas del rey Recesvinto que se promulgó en el año 654.
En aquella época, los visigodos controlaban casi toda la actual España, Portugal y Ceuta.
[44] Si bien el aborto fue despenalizado en 1985, no se convirtió en un servicio ofrecido por la sanidad pública hasta un cambio en la ley en 2010.
El caso fue llevado originalmente a los tribunales por el Partido Popular en 2010, después de que el PSOE aclarara y liberalizara las leyes sobre el aborto.
[53] Desde la semana catorce a la veintiuna, sólo se podrá practicar un aborto si existe una razón médica para ello, como por ejemplo que la madre esté en riesgo.
[50][51][52] En España se apoya que los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública sean gratuitos.
[11] Durante la dictadura, las mujeres que tenían interrupciones voluntarias del embarazo fueron en ocasiones perseguidas por el régimen de Franco.
[65] Fueron influenciadas en gran medida por actividades similares que se llevaban a cabo en los Estados Unidos en ese momento.
Otras afiliadas al grupo incluyeron a Jimena Jiménez y Malén Cirerol.
Las regiones con mayores tasas de nacimientos ilegítimos se encuentran en Galicia, Islas Canarias y Baleares.
Debido a que las Islas Canarias, Asturias, Madrid, La Rioja y las Islas Baleares tenían las tasas oficiales más altas, se asumió que el subregistro no se estaba produciendo en estas regiones.
El fallo dijo que la objeción de conciencia era constitucional, incluso si la Constitución no hacía referencia explícita a ella.
El objetivo del comité era tramitar los recursos presentados sobre decisiones clínicas anteriores para permitir a una mujer someterse a un procedimiento de IVE que había sido rechazado por no cumplir con el artículo 15c de la, Ley Orgánica 2/2010.
En 2005, la razón citada para más del 95% de los abortos realizados en la región fue la salud materna.
Esto representó el 5,19% de todos los abortos realizados por mujeres que vivían en la región ese año.
Siempre tuvo la intención de ser una organización nacional que ayudara a estigmatizar y tratar de limitar el acceso al aborto a nivel regional, al mismo tiempo que intenta cambiar la ley para criminalizar el aborto.
Tuvieron un éxito limitado en las Islas Baleares, donde un gobierno liderado por el Partido Popular cambió la ley en 2013, pero luego fue derogada en 2016.
El esfuerzo por cambiar la ley fue impulsado en gran medida por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
[27] Como parte de los cambios a la ley en 2010, el artículo 14 exigía que las mujeres que deseaban abortar recibieran un sobre cerrado que contenía información sobre las ayudas públicas disponibles durante el embarazo y parto, información sobre derechos laborales durante el embarazo y la maternidad, incluidas prestaciones públicas para el cuidado de los niños, beneficios fiscales y otra información sobre incentivos relacionados con el parto.
[100] Ese año se produjeron 278 interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres menores de 20 años.