Acuerdo fiscal previo
[1] En principio no debería haber ningún problema en que un sujeto pasivo solicitara aclaraciones sobre la normativa fiscal.
El problema se origina cuando sujetos pasivos acaudalados proponen a las autoridades del país instalarse en él, si las autoridades le dan a cambio unas condiciones fiscales muy favorables, tanto que suponen una desventaja para las empresas competidoras y una injusticia[2] para los otros contribuyentes con menor capacidad de negociación.
Esas condiciones favorables se plasman en acuerdos fiscales previos, que son secretos.
El contribuyente que las realiza puede consultar cómo se aplica la normativa, y la autoridad fiscal le responde de manera vinculante.
Pero estas respuestas no suponen ningún tipo de negociación, se hacen sobre una normativa ya existente (a diferencia de los acuerdos fiscales previos, en que el propio acuerdo crea una normativa "a medida") y son públicas.
