La población rural, que representa aproximadamente el 23% de la población total del país, mostraba las tasas de cobertura más bajas, ya que sólo el 71% tenía acceso a agua potable y el 54% a un saneamiento adecuado.
[8][9] La cobertura es menor en la Costa Atlántica (región del Caribe), en la Orinoquía y en la Amazonía.
Entre 1990 y 2004, el acceso a agua potable aumentó ligeramente del 92% al 93%.
Sin embargo, la calidad de servicio ha mejorado considerablemente durante los últimos diez años.
Sin embargo, en muchas ciudades pequeñas el racionamiento del agua y el abastecimiento intermitente son algo común.
El INSFOPAL se liquidó en 1989 y la responsabilidad para brindar servicios regresó después de cuatro décadas a los municipios, salvo en algunos casos como en el Valle de Cauca donde las empresas regionales se mantuvieron.
Además, ya no se asignó la responsabilidad institucional al Ministerio de Salud, sino que se integró el sector al Ministerio de Desarrollo Económico.
[19] El gobierno quiere elevar el perfil del sector para dar mayor impulso al incremento de la cobertura, sobrepasando los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el sector en Colombia, y mejorando la calidad del servicio, especialmente en pequeñas ciudades y en áreas rurales que tienen la mayor brecha de servicios.
Los promotores también quieren que la constitución garantice un "mínimo vital" de agua gratuita, proteja los ecosistemas y establezca que el manejo del agua potable sea público.
La Calidad del agua para consumo humano es regulada actualmente por el Ministerio de Salud y Protección Social con la participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
[26] El Gobierno se propone mejorar el desempeño del sector de agua y saneamiento mediante las siguientes medidas: (i) fortalecimiento del marco regulador; (ii) implementación de programas de asistencia técnica; (iii) apoyo financiero para promover la modernización y la gestión eficiente, así como el subsidio de los pobres; y (iv) racionalización del marco institucional en el ámbito nacional para mejorar la coordinación del sector.
[18] Se destaca una alta atomización del sector que no permite lograr economías de escala.
La creación de empresas regionales se ha propuesto como solución a este problema.
La empresa se constituyó como sociedad anónima sin ánimo de lucro en 1959.
No existe estratificación y se aplican tarifas especiales a los que consumen más de 28 metros cúbicos.
[30] Otro ejemplo es la Asociación Acueducto de Río Negro en Popayán, formada hace 10 años, que integra a 10 veredas con 7000 conexiones domiciliarias.
Los ejemplos más importantes se encuentran en Sincelejo, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Tunja, Montería, Palmira, Girardot, Manizales, y Riohacha.
[35] La cobertura en áreas rurales es menor de lo que se supondría teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico del país y el desarrollo del sector.
Destacó, entre otros, que solamente el 21% de las organizaciones comunitarias habían recibido capacitación en fontanería y el 10% en administración del servicio.
El nivel de agua no contabilizada (pérdidas físicas y administrativas) en Colombia se estimó en 2006 en un promedio del 49%.
Este esquema tarifario y de subsidios, único en América Latina, ha logrado: La tarifa básica se calcula sobre la base de los costos económicos y según una metodología definida al nivel nacional por la CRA en 2004.
[45] Las transferencias por medio del SGP llegan principalmente a los pequeños municipios con bajos niveles de ingresos.
[10] Sin embargo, muchos municipios utilizan las transferencias del SGP destinadas al sector de agua y saneamiento para otros fines.
Desde 1998, la financiación privada aumentó desde casi cero a más de US$ 100 millones en los años 2000, 2002 y 2003 y así se convirtió en una fuente de financiación importante.