Entre sus defendidos está Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional.
«explico que con ello se demuestra que la Contraloría del Estado "actuó bajo consigna política, levantando una cortina de humo al afirmar que estaba inhabilitado para impedirme competir en el proceso de selección de candidato a diputado federal 2009, del cual es responsable el gobernador del estado Zeferino Torreblanca Galindo"», afirmó.
Alberto López Rosas aseguró que en la “búsqueda de dejar en claro a la opinión pública que soy objeto de una persecución política y la evidente arbitrariedad, les he pedido que me extiendan la constancia en donde se me inhabilita, pero hasta el momento la Contraloría no ha dado respuesta”.
Por ello, explicó que decidió pedirle formalmente a la SFP del gobierno federal, que es el órgano competente para la concentración de los servidores y ex servidores públicos inhabilitados, una constancia en la que se le dijera oficialmente si estaba o no inhabilitado.
Siendo competentes la Auditoría General del Estado y la Auditoría Superior de la Federación, por lo que se deja sin efectos las sanciones que infundadamente impuso la Contraloría en contra del exedil quien el 13 de diciembre ofreció una conferencia de prensa en la capital del Estado dando a conocer la ejecutoría innapelable, agragando que fue un perseguido político del aún gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, durante todo su sexenio.