Aunque la población dependía del Señor de Ariza desde que en 1381 la corona había vendido la localidad, los campesinos se negaron en 1490 a acatar la autoridad de Guillén de Palafox y buscaron depender de la corona.
Formalmente se apoyaban en su condición de población fronteriza que había hecho prometer a Pedro IV de Aragón que mantendría Ariza en realengo.
El rey Fernando el Católico confirmó los derechos del señor en la Sentencia de Celada.
Estos fracasos no apaciguaron a los campesinos y a finales del siglo XVI los ánimos no se habían calmado.
La queja formal de los Palafox en las Cortes de Aragón llevó a Felipe II a aprobar incluso más rigurosos castigos a los insurrectos en 1585 para garantizar la paz en el reino.