Entre los procuradores se encontraban el alcalde de Valencia, Miguel Ramón Izquierdo, Pedro Zaragoza, y José Antonio Perelló Morales.
[8] En 1977 se constituyó la UCD valenciana, a partir del Partido Popular Regional Valenciano de Emilio Attard, formado por políticos vinculados al Movimiento Nacional, y arrinconando los reformistas como Esteban Rodrigo de Fénech, Pedro Zaragoza o José María Adán García.
[9] Poco después se constituyó la Asamblea de Parlamentarios del País Valenciano, agrupando a los diputados y senadores elegidos en las tres provincias.
[cita requerida] Una explicación ha sido que surgió como una reacción contra los postulados de Joan Fuster.
La primera acción callejera del GAV tuvo lugar a finales de mayo de 1978 —el mes anterior se había constituido el preautonómico Consell del País Valencià presidido por el socialista Josep Lluís Albiñana—.
La protesta acabó violentamente cuando los congregados se dirigieron al domicilio del filólogo Manuel Sanchis Guarner con la intención de agredirlo.
Una de sus frases más aplaudidas fue: «Si nuestro templo es España, en el altar mayor está Valencia».
Ese día publicaba en Las Provincias un artículo titulado «La paella dels Països Catalans» y a partir de ese momento el diario, del que Broseta era abogado, se convirtió, bajo las directrices de su subdirectora María Consuelo Reyna, en palabras del historiador y senador socialista Alfons Cucó, «en el máximo impulsor de un populismo regionaloide y xenófobo».
Afortunadamente el paquete despertó las sospechas de Sanchis Guarner que inmediatamente se puso en contacto con el gobernador civil, aunque este no envió ningún artificiero, por lo que solo la suerte evitó una desgracia.
La policía no llevó a cabo ninguna detención y todos estos crímenes quedaron impunes.
La Constitución de 1978 establecía dos vías para el acceso a la autonomía, una «lenta» regulada en el artículo 143 (la autonomía plena solo se alcanzaría pasados cinco años), y otra «rápida», la del artículo 151.
Los jesuitas, que regentaban la iglesia, decidieron suspender las misas tras recibir continuas amenazas (en las que se les insultaba llamándolos «bandidos, criminales, traidores, canallas, renegados, vendidos al oro catalán») y no recibir ningún respaldo por parte del arzobispo de Valencia Miguel Roca Cabanellas.
Un auténtico delito contra la libertad de expresión y los postulados mínimos del cristianismo», concluía (en valenciano) el comunicado.
En esa misma interpelación también había denunciado las «agresiones en asociaciones de vecinos y locales de clubs culturales» y los «innumerables atentados a vehículos que ostentaban pegatinas o enseñas con las cuatro barras».
Finalmente, Albiñana y Girona se vieron obligados a abandonar la población protegidos por sus escoltas.
[29] Mayor impacto tuvo lo sucedido el martes 9 de octubre en Valencia —tres días antes había tenido lugar en la ciudad una gran manifestación contra la «cuatribarrada» aprobada por el Consell y al final de la misma el presidente del GAV, Pascual Martín Villalba, había invitado a los participantes a sumarse a la manifestación del 9 de octubre e hizo responsables «a los nuevos tiranos de la sangre que pueda correr el próximo martes»—.
En la entrevista también relataba cómo había ideado la forma de prenderle fuego a la «cuatribarrada».
Llegados a los pies de la estatua ecuestre de Jaime I impidieron con gritos, abucheos e insultos que el concejal socialista Vicent Garcés diera lectura a un manifiesto, que arreciaron cuando fue el alcalde quien intentó hablar, lanzándole también piedras y huevos, y recibiendo un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente.
Muchos años después, en 2002, la conocida «blavera» María Dolores García Broch, futura concejal de Valencia por Unión Valenciana, se atribuyó a sí misma y al GAV el «éxito» de aquellos hechos.
[33] El 12 de diciembre el senador socialista por Valencia Alfons Cucó presentó en el Senado una nueva interpelación parlamentaria dirigida al ministro del Interior Antonio Ibáñez Freire denunciando los actos violentos contra las autoridades e instituciones democráticas y la impunidad con que actuaban los grupos que los perpetraban —la primera interpelación la había presentado el 13 de junio y en ella ya había señalado que «no parece que la protección policial a las nuevas instituciones democráticas haya sido especialmente eficiente» y había calificado como actos de «terrorismo» los atentados contra Joan Fuster y Manuel Sanchis Guarner—.
Dos días después dimitía su presidente, el socialista José Luis Albiñana, al sentirse desautorizado por su partido (con cuya ejecutiva, encabezada por Joan Lerma, mantenía unas relaciones muy tensas).
[nota 5] Pocos días después el secretario general del PSPV-PSOE Joan Lerma se mostraba dispuesto a aceptar la señera con franja azul, que defendían los «blaveros», y el día 14 de enero de Monsonís ordenaba que la señera del Consell fuera arriada del Palacio de la Generalitat.
[39] En la llamada posteriormente "batalla de Valencia" jugó un papel esencial la violencia ejercida por los diversos grupos anticalanistas valencianos (Blaverismo) y la ultraderecha ligada al franquismo, como Fuerza Nueva, contra los políticos, los intelectuales, las entidades y las instituciones que defendían un proyecto democrático y nacionalista para el País Valenciano —nombre con el que identificaban ese proyecto—.
Sin embargo, los tres diputados del PCPV hacían que la izquierda siguiera siendo mayoritaria en la Asamblea de Parlamentarios.
La agitación y la violencia en la calle determinaron en buena medida las negociaciones que mantenían las fuerzas políticas valencianas para redactar el Estatuto de Autonomía, finalmente aprobado en 1982 merced un pacto entre Alfonso Guerra, Fernando Abril Martorell y Emilio Attard por la vía dispuesta en el artículo 143 de la Constitución, en lugar de la del artículo 151.