Además, se señalaba que los Estados no podían emprender o fomentar inversiones que constituyeran un “obstáculo para la liberación de un territorio ocupado por la fuerza” y finalmente, la Carta promovía el “desarme general y completo bajo un control internacional eficaz”.
Esto incluía la decisión de nacionalizarlos, siempre y cuando existiera una compensación conforme a lo establecido por la ley.
Sobre todo el artículo 2, que decía muy claramente que cualquier controversia referente a los procesos de nacionalización se resolvería conforme a las leyes y tribunales del país interesado en nacionalizar (ver sección: Preparación y negociaciones).
Por su parte, las obligaciones de los Estados quedaron bien resumidas en el Artículo 6: Se solicitaba a los países cooperar “para facilitar relaciones económicas internacionales más racionales y equitativas y para fomentar cambios estructurales en el contexto de una economía mundial equilibrada”.
Esto, sin embargo, nunca sucedió, tanto por los desencuentros sobre el carácter legal de la Carta, como por las condiciones en que fue votada (ver sección "Legado").
Los debates buscaban regular las relaciones entre los Estados para lograr el objetivo de "convivencia armónica" que había dado nacimiento a la ONU.
Lo que no incluía, sin embargo, eran directrices para la regulación de la economía mundial.
[7] En esa reunión se discutieron ampliamente las desventajas que el acuerdo comercial vigente significaba para los países menos desarrollados.
En una serie de reuniones con resultados muy variados, estos países fueron creando un lenguaje político común para revertir estas condiciones.
A su vez, no se restringió a los países afro-asiáticos, de ahí que México fuera convocado aunque finalmente no asistiera por evitar un conflicto con Estados Unidos (ver sección: "Diplomacia mexicana").
Además, el grupo coincidía en la importancia de acabar con el “desbalance económico heredado del colonialismo y el imperialismo” mediante el comercio justo y recomendaba que la ONU estableciera un Fondo Especial para el Desarrollo Económico.
La llamada “crisis del dólar” de 1971 llevó al presidente Richard Nixon a tomar una serie de medidas proteccionistas que alteraron por completo las dinámicas comerciales y dejaron al descubierto la vulnerabilidad en la que se encontraban los países más pobres.
Sin embargo, no sería el único en anotar los estragos causados por las decisiones norteamericanas de política económica.
Articuló un programa que daba cauce a demandas que estaban en la arena internacional desde hacía tiempo, aunque la impronta de México, y de su presidente Luis Echeverría, es clara en la creación y difusión del documento.
Considerando las presiones que estos antecedentes le significaban, el gobierno de Echeverría ha sido interpretado como un ejecutivo marcado por profundas contradicciones.
[20] Y en cuestiones comerciales, muy pronto en su sexenio propuso una iniciativa a la ALALC mediante la cual México privilegiaba las importaciones provenientes de Centroamérica que, sin embargo, no encontró apoyo.
En las declaraciones emitidas durante los viajes que realizó a la India, Indonesia y la entonces Yugoslavia, el presidente reconoció la necesidad de crear relaciones económicas más justas y balanceadas, pues de otro modo, las desigualdades serían una amenaza latente para la paz global.
Aunque México fue convocado a la reunión de Belgrado, finalmente decidió no participar.
[31] Como relató el diplomático y abogado Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, presidente del grupo revisor de trabajo, las negociaciones tardaron mucho dado que los países condicionaron sus votos al apoyo que a su vez obtuvieran para sus propuestas.
Aunque en la votación final hubiera ciertos patrones, para Castañeda, la oposición estaba, de hecho, "totalmente dispersa”.
120 países votaron a favor, mientras que Estados Unidos, Gran Bretaña, la República Federal de Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Dinamarca votaron en contra, probando que los desacuerdos no habían logrado superarse.
Las abstenciones no fueron menos relevantes: Austria, los Países Bajos, Canadá, España, Francia, Japón, Noruega, Irlanda, Israel e Italia.
[38] Según Ana Covarrubias, los resultados de la votación impidieron que la Carta tuviera el alcance necesario para crear un nuevo orden económico internacional.
Así, el documento que en un principio se había pensado como un instrumento obligatorio, quedó como una simple resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que "no tienen, por sí mismas, carácter obligatorio".
Entonces, el mundo tendrá a la vista amplia y detallada evidencia de las maniobras de esos países que, insistiendo verbalmente en que la apoyarían, hicieron todo lo imaginable para transformarla en un documento débil e inocuo que avalara muchas prácticas internacionales de corte colonialista y neocolonialista, inaceptables tanto para el Tercer Mundo como para los países socialistas”.
Sin embargo, como ha señalado Yoram Shapira, un año después de que Echeverría dejara la presidencia los innovadores esfuerzos del entonces expresidente mexicano para regular las relaciones económicas del mundo desaparecerían “[por ser] un elemento que estaba más unido a sus necesidades políticas y a su particular evolución política.
A pesar del esfuerzo que representaron, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados y el Nuevo Orden Económico Internacional están olvidados, en buena medida porque no logró los resultados esperados.
[51] Recientemente, la historiografía que busca entender la Guerra Fría en latitudes distintas a las de los bloques capitalista y socialista ha retomado las formas en que el llamado Tercer Mundo resintió y sorteó esas décadas de conflicto mundial.
[52] En este tenor, siguiendo a Jennifer Wenzel, Niels Gilman propone ver las ideas del Nuevo Orden Económico Internacional –y de la Carta propuesta por Echeverría– no como fallas, sino como unfailures: esfuerzos que si bien en su momento no cumplieron con sus ambiciones, hoy son “visiones proféticas, un lenguaje disponible para que las generaciones futuras articulen sus propios sueños e ilusiones”.
[53] El propio Víctor Urquidi, lo expresó así en su momento: “La Carta, si bien no ha sido aceptada por todos los países, constituye un instrumento válido de las Naciones Unidas y será norma que servirá indudablemente para orientar las discusiones internacionales en el campo de la cooperación económica y en materias afines”.