El Caso luminarias, también conocido como Caso Luces LED, es un proceso de investigación llevado a cabo por la Fiscalía en varias regiones de Chile por contratos irregulares realizados por la compañía ITELECOM para obtener la concesión de la instalación del alumbrado público.
[3] Paulo Soto Quintay, funcionario del Ministerio de Energía, fue condenado por múltiples delitos relacionados con corrupción.
Además, se ordenó el comiso de bienes, incluyendo una casa, vehículos, derechos societarios, y depósitos en instituciones financieras.
Cabe señalar que su pareja Javiera Correa Neira fue cómplice de estos delitos, ya que trabajaban en el mismo ministerio.
[5] Al respecto, y considerando que la corporación no acreditó el origen de los recursos que habría restituido a la sociedad donante con cargo a su presupuesto, cuya donación ya había utilizado para el pago a Artemedios Group SpA, ello ocasiona un desembolso injustificado y un detrimento al patrimonio de esa corporación cultural.