Caso Peaje

Según fuentes del caso, la investigación había nacido semanas atrás a raíz de una denuncia interpuesta por un empresario de canteras a quien el Consejo Insular de Mallorca expropió terrenos para hacer pasar la vía de servicios que une Manacor con Villafranca de Bonany.

[2]​ A consecuencia de estas actuaciones, fueron detenidas once personas, entre ellas dos funcionarios del Consejo Insular de Mallorca (el director de las obras y un vigilante) que fueron las únicas que no quedaron en libertad tras prestar declaración.

Por otra parte, el mismo día se conoció que la semana anterior a estas detenciones la Fiscalía había interpuesto una querella ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Palma de Mallorca contra Antoni Pascual Ribot , consejero insular de Carreteras desde el año 1999 y Vicepresidente del Consejo Insular de Mallorca, por supuestos delitos de corrupción.

Los delitos imputados eran malversación de caudales públicos, falsedad documental, soborno y prevaricación,[5]​ fruto de las actuaciones que los tres principales responsables (Aguiar, Orejudo y Mestre) llevaron a cabo mediante reformas de sus domicilios, haciendo uso de empresas que facturaban y cobraban el precio de las mencionadas obras de la UTE adjudicataria, y también, exigiendo dinero de particulares y empresas titulares de establecimientos abiertos al público en los laterales de la carretera.

Aparte de esto, los tres querellados exigieron partidas de dinero a personas titulares de establecimientos, bajo las amenazas de no ejecutar carriles o vías de acceso hacia estos.