Durante el gobierno militar de Juan Carlos Onganía realiza millonarios negocios a expensas del estado.
En 1976 disponían de siete empresas; al terminar la dictadura la cantidad había aumentado a 47.
[2] En un estudio realizado por los economistas Eduardo Basualdo, Manuel Acevedo y Miguel Khavise, en 1984, señala “que poseyendo 7 empresas en 1973 han alcanzado a 47 al fin de la dictadura… Las más relevantes son Sevel Argentina (automotriz), Sideco Americana (construcciones), Socma Corp (financiera), Manliba (recolección de residuos), Itron (electrónica), Solvencia de Seguros (aseguradora), Prourban (inmobiliaria), Iecsa (instalaciones mecánicas), Perfomar (perforación petrolera).
La movida lleva la firma del procurador interino Eduardo Casal, alineado con las directrices del Gobierno, y se produce a los pocos días de que Zoni pidiera una serie de medidas para reimpulsar la investigación.
[8] Días antes el diario La Nación llegó a publicar que Macri se reunió con el jefe de los espías Gustavo Arribas y con su operador judicial Daniel Angelici para desestimar las denuncias en contra del hermano del juez Lijo a cambio de impunidad en el caso Correo.
Fue la última documentación que presentó el fiscal Juan Pedro Zoni antes de ser desplazado.
Y agrega que extendiendo este cálculo a 2033 (fecha en que finalizaría el pago del Correo según su propuesta), el estado dejaría de percibir una cifra cercana a los 70 mil millones de pesos.
En abril del año 2021 Correo Argentino S.A. propuso pagar 1.011 millones de pesos por el canon impago y sus intereses, cifra que la fiscal Gabriela Boquín dictaminó cinco veces menor al monto de la deuda.