Su principal objetivo es proveer energía eléctrica al Sistema Interconectado Central, para satisfacer parte de la futura demanda energética chilena y contribuir a dar estabilidad y seguridad al sistema en el mediano plazo.
Los dos principales argumentos eran el hecho de que se autorizó la instalación en una zona de restricción por peligro para el asentamiento humano, y que se intentó cambiar ilegalmente el plano regulador intercomunal de Valparaíso.
[5] El gobierno, por su parte, anunció que buscaría la fórmula para allanar el camino al proyecto a carbón.
Entre ellos, los ministros Viera Gallo y Poblete, además del contralor Ramiro Mendoza Zúñiga, por la "elaboración y dictación arbitraria e ilegal” del Decreto Supremo Nº68/2009 que modificó la OGUC.
[9] En enero de 2010, la empresa inició los trámites para acogerse a esta modificación para continuar con el proyecto.