Fue erigida en diciembre de 1851,[1] el mismo año en que el gobierno de José Hilario López expidió la ley que abolía definitivamente la esclavitud.
Existían intereses sobre los esclavos como una propiedad y negar la libertad a los esclavos se tomaban ideas similares a una defensa de un patrimonio y del principio de la propiedad privada se erigían como obstáculos a toda pretensión idealista de otorgar por razones humanitarias la libertad a los negros.
Para esa época había líderes que no aceptaban plantear un panorama de armonía social "alterado" por un pardo prominente, existía el temor que por influencia o ascendencia políticas de ser pardo, era considerado peligroso más allá de los méritos que hubiese alcanzado, pues su posición como autoridad era un simbolismo para las clases bajas.
Sin embargo, en las poblaciones afro en el país esta ley no fue popular al establecerse después como condición que solo hasta los 18 años después de nacidos y haber pagado por los gastos en sus crianzas, con sus obras y servicios,[9] sin embargo el poder de los amos era muy grande que podrían declarar que ese pago aún no se había completado, negarse a conceder la libertad e incluso pedir un proceso mediante el cual el amo se consideraba como afectado económicamente.
Los pocos esclavos que quedaban para enero de 1852 en Ocaña, se les sometió al proceso de manumisión y se les concedió la libertad, el pago a los anteriores amos fue dado a crédito.