La directiva fue transpuesta al ordenamiento jurídico español por el Real Decreto 810/2007.
[3] Consideraba que la CIAF no era independiente ya que sus miembros eran nombrados por el Ministerio de Fomento y en las investigaciones participaba personal de Adif y Renfe, empresas con intereses en los accidentes.
[4] El Gobierno español modificó la composición y funcionamiento de la CIAF para adecuarse a la directiva: los miembros de la CIAF pasaron a ser propuestos por Fomento pero aprobados por el Congreso de los Diputados.
En mayo de 2016 la Comisión Europea cerró el caso.
El pleno de la CIAF está compuesto por un presidente, cinco vocales y un secretario (que participa en las reuniones con voz pero sin voto).