Conflicto universitario en Argentina de 2024
Las universidades públicas en Argentina son gratuitas desde que se promulgó la Ley 1420 de Educación Común, Gratuita y Obligatoria en 1884 bajo el gobierno conservador de Julio Argentino Roca, con los costos cubiertos por el Estado Nacional y[1] cuenta con apoyo en la sociedad ya que es calificada como un «elemento de movilidad social por excelencia».
Los gastos de funcionamiento, que recibe cada universidad para pagar los servicios y el mantenimiento que les permiten tener en buenas condiciones sus aulas y laboratorios, representan el 10%.
varias críticas hacia la educación pública universitaria argentina entre ellas:[cita requerida] Las sucesivas crisis económicas que atravesó la Argentina han llevado a distintos gobiernos a ejecutar políticas de ajuste fiscal, que han generado conflictos con las universidades.
Fernández, ya para ese entonces con elevados índices de desaprobación a su gestión,[16] enfrentó esta situación con transferencias discrecionales, que permitieron que las universidades siguieran funcionando pero generando un problema a mediano plazo.
Durante la campaña electoral, la educación pública había sido un tópico recurrente entre los distintos candidatos.
[26] Para reducir el gasto en subsidios energéticos, se aumentaron las tarifas de los servicios en hasta un 266%.
[40] En mayo, la Secretaría de Educación cedió y anunció que el aumento interanual para gastos de funcionamiento sería del 270%, llevando el ajuste en términos reales a solo un 3%.
[42] El gobierno cuestionó la presencia en las marchas de figuras ligadas al kirchnerismo, como Sergio Massa, Juan Grabois, Guillermo Moreno o Cristina Fernández de Kirchner,[43] como así de diversos sindicatos históricamente ligados al peronismo que no tenían relación con la educación pública —como Confederación General del Trabajo (CGT), o el sindicato de Camioneros liderado por Pablo Moyano— y agrupaciones sociales, afirmando que fue una «marcha política opositora».
La ley se aprobó por una mayoría muy amplia: 143-77 en la Cámara de Diputados[52] y 57-10 en el Senado.
El Gobierno reafirma su compromiso con las Universidades Nacionales, al igual que con la defensa del esfuerzo que cada uno de los argentinos viene realizando desde diciembre para alcanzar el déficit cero, reducir la inflación y recuperar la prosperidad económica.
[57] Al igual que ocurrió con la ley 27.756 de recomposición jubilatoria, algunos diputados que habían votado a favor del proyecto votaron a favor del veto o se ausentaron, como Alejandra Torres.
[58] Para conseguir los 84 votos fue clave la intervención del expresidente Mauricio Macri, que se reunió con el asesor Santiago Caputo, se expresó públicamente contra la ley y pidió a los diputados de su partido que apoyen el veto.
[59] Los diputados oficialistas sostuvieron su postura negativa alegando que el proyecto no tenía artículos en donde se indicaran fuentes de financiamiento a las partidas propuestas.
En respuesta, la Ministra de Seguridad respondió que «A mí no me vuelven loca, vuelven loca a la gente si quieren cortar Lugones o determinadas avenidas» «hay un gran movimiento que no acepta la toma de las universidades, no aceptan ser rehenes», calificando las medidas de «provocaciones» y que los estudiantes irían con cocteles molotov al edificio del Secretaría de Educación para generar una «revuelta al modelo chileno» y «tratar de desestabilizar», comparando la situación al Estallido social ocurrido en Chile en el 2019.
[82][83] Distintas autoridades y figuras de la administración libertaria respaldaron los dichos del presidente.
