Congreso de Sevilla (1882)

[3]​ En relación directa con esta cuestión se discutió sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento.

La conflictividad en el campo andaluz pondría a prueba las tensiones y diferencias entre ambos modelos».

[4]​ En el manifiesto aprobado en el Congreso triunfaron las tesis moderadas anarcocolectivistas y legalistas —se proclamó, por ejemplo, que las huelgas «cuando forzosamente no podamos evitarlas, las haremos reglamentarias y solidarias»— lo que fue aplaudido por la prensa liberal, como el influyente diario madrileño El Imparcial que destacó que «los obreros anarquistas de España» —a diferencia de lo que estaba sucediendo en Francia donde «los partidarios de la anarquía y del colectivismo se presentan en sus reuniones como furiosos energúmenos pidiendo sangre y exterminio»— «acaban de celebrar su congreso anual con tal corrección en los procedimientos, tanta templanza en las formas y tal unanimidad en los acuerdos, que bien podía por cierto servir de lección a muchas asambleas políticas de doctores en costumbres parlamentarias».

[6]​ Y por otro lado tampoco estaba claro que las autoridades y los patronos fueran a tolerar la existencia de una organización anarquista que propugnaba la revolución social.

Asimismo el periódico denunciaba que «a las manifestaciones que los obreros en masa hacen ante los municipios pidiendo pan y trabajo», especialmente en Andalucía que estaba atravesando una grave crisis agraria, les respondían «prendiendo a los más decididos y enviando fuerzas del Ejército para mantener el orden», o enviando a la Guardia Civil a investigar las reuniones de los afiliados.