Hasta su nombramiento como abogada general fue la jefa de la Abogacía del Estado en Galicia.
En ese tiempo ejerció la defensa del que fue director general de Marina Mercante, José Luis López Sors, único alto cargo de la Administración General del Estado implicado en el procedimiento por la catástrofe medioambiental del ‘Prestige’ y que finalmente resultó absuelto.
[6] Precisamente, la abogacía consiguió en 2019 que el Tribunal Supremo autorizara la exhumación del dictador[7][8] y, posteriormente, que la justicia, en primera instancia, determinase que el Pazo de Meirás, propiedad hasta entonces de la familia del dictador, era propiedad del Estado; encontrándose actualmente pendiente el recurso.
[9][10] Por otra parte, en este tiempo reorganizó la Abogacía General del Estado mediante la sustitución del Real Decreto 997/2003 por los reales decretos 1012/2022[11]y 649/2023.
[17][18] En junio de 2015 recibió el premio Peña Novo, un galardón que premia la normalización lingüística en el ámbito de las administraciones públicas, en la vida institucional de Galicia y en la sociedad en general.