Cuestión religiosa

Durante la Revolución Francesa, se reconoce la libertad de conciencia, se suprimen los privilegios del clero, incluido el diezmo, y se declaran “bienes nacionales” las propiedades de las órdenes religiosas (cuyos votos son suprimidos) que son vendidas para hacer frente al déficit de la Hacienda.

A los pocos que prestan el juramento se les llama «constitucionales».

[2]​ Con Napoleón se restableció la Iglesia católica en Francia con la firma del Concordato de 1801 y con la Restauración, especialmente al final del reinado de Luis XVIII y el de Carlos X, se produjo un “viraje clerical” que pretendió instaurar en Francia un orden político asentado en bases religiosas.

El ministro del Interior, François Guizot, él mismo protestante de Nimes, ordena a los prefectos reprimir estos abusos: "La libertad religiosa debe ser completa y su primera condición es que ninguna religión sea insultada".

[4]​ Así durante el II Imperio, la Iglesia Católica goza de un trato preferencial por parte del Estado francés.

No supone, por tanto, una derogación de la ley, pero sí que no será de aplicación a la Iglesia católica en lo que respecta a los aspectos del acuerdo.

Asimismo la ley de 1905 no se extendió en su aplicación hacia la Guayana Francesa –una colonia en ese momento- y hasta el día de hoy el gobierno local continúa financiando a la Iglesia Católica.

El lema del partido único de la Dictadura, Unión Patriótica fue “Patria, Religión y Monarquía”.

Cuando los gobiernos de la Restauración quisieron reaccionar contra el “clericalismo” perdieron la batalla.

Ese fue el modelo que tuvieron presente la mayoría de los republicanos y los socialistas españoles cuando se proclamó la Segunda República.

Durante la Segunda República Española se implantó por primera vez en la historia del constitucionalismo español un Estado laico, superando por fin la secular oposición clerical a que se introdujera cualquier medida secularizadora que pudiera poner en riesgo la unidad católica de España.

"A los nacionalistas catalanes se les proponía una vía de integración en el Estado español; a las confesiones religiosas se les propuso el artículo 26, verdadero punto neurálgico de la Constitución, como observó Pérez Serrano, con la taxativa prohibición del ejercicio de la industria, el comercio y la enseñanza".

De esta forma se produjo una fractura social y política entre el “pueblo republicano” y el “pueblo de Dios” (dos entidades mutuamente excluyentes)[25]​ que dificultó enormemente la consolidación del régimen republicano.

La guerra civil española fue también una guerra de religión pues mientras en la zona republicana más de 6000 miembros del clero católico fueron asesinados y los templos fueron cerrados y el culto perseguido, en la zona sublevada la Iglesia católica apoyó con entusiasmo la causa «nacional» (franquista) calificando la guerra como una "cruzada" o "guerra santa" en defensa de la religión, dando así al bando sublevado y a su jefe supremo el Generalísimo Francisco Franco una legitimidad religiosa de la que carecía al principio.

[30]​ Además en el País Vasco 14 sacerdotes fueron asesinados en las primeras semanas de la guerra por los franquistas (y no por los "rojos"), por ser "separatistas", lo que motivó las protestas del obispo de Vitoria Mateo Múgica Urrestarazu, que por ello se vio obligado a abandonar España meses después.

[33]​ En la zona republicana, sobre todo durante los primeros meses de la guerra, se desató una persecución religiosa con asesinatos, incendios y saqueos cuyos autores fueron "los extremistas, los incontrolados y los delincuentes comunes salidos de las cárceles que se les sumaron", todo ello inmerso en la ola de violencia desatada contra las personas y las instituciones que representaban el "orden burgués" que quería destruir la revolución social española de 1936 que se produjo en la zona donde el alzamiento militar fracasó.

[28]​ "Durante varios meses bastaba que alguien fuera identificado como sacerdote, religioso o simplemente cristiano militante, miembro de alguna organización apostólica o piadosa para que fuera ejecutado sin proceso".

Estas cifras se mantuvieron como las oficiales durante las dos primeras décadas de la dictadura franquista hasta que en 1961 el sacerdote Antonio Montero Moreno (que después sería obispo de Badajoz) publicó el único estudio sistemático y serio que se ha realizado hasta ahora, citando por sus nombres a las víctimas.

Solo al final de la guerra con la desbandada del ejército republicano hacia la frontera francesa volvieron a producirse nuevas víctimas entre los miembros del clero, entre las que destaca el obispo de Teruel Anselmo Polanco Fontecha.

[49]​ Tras depositar la espada ante los pies del Santo Cristo de Lepanto, traído expresamente desde Barcelona, Franco dijo:[50]​

A continuación el cardenal primado Isidro Gomá, que presidía la ceremonia acompañado de diecinueve obispos (y en presencia del nuncio del papa, monseñor Cicognani), bendijo al "Caudillo" hincado de rodillas ante él:[51]​

En los años 60 la identificación entre el régimen franquista y el catolicismo comenzó a romperse a causa del nuevo rumbo que tomó la Iglesia Católica con la celebración del Concilio Vaticano II, convocado por el papa Juan XXIII (1958-1963) y clausurado por Pablo VI (1963-1978), y que supuso la aceptación de la libertad religiosa y de los valores de la sociedad contemporánea, como libertad, democracia, igualdad, etc., que entraban en contradicción con los principios del franquismo.

[56]​ Así empezaron a aparecer en el seno del catolicismo español sectores que se oponían al franquismo, primero en el País Vasco y en Cataluña y después en el resto de España, un fenómeno que desconcertó al régimen y al propio Franco.

Así católicos laicos y sacerdotes progresistas participaron en las protestas obreras y estudiantiles y se integraron en las ilegales comisiones obreras o formaron pequeños grupos demócrata-cristianos en la clandestinidad, cuya personalidad más destacada fue el exministro de Franco Joaquín Ruiz Giménez que en 1964 fundó la revista Cuadernos para el Diálogo, que pronto se convertiría en el principal órgano de expresión "tolerado" de la oposición antifranquista.

Esta intervención, entre otras, le valió al cardenal que se redoblaran los ataques de la extrema derecha franquista (el llamado "búnker") y que en Madrid y en otras ciudades volvieran las pintadas con la frase "Tarancón al paredón", que habían aparecido por primera vez tras el asesinato por ETA del almirante Carrero.

[63]​ Otro de los temas conflictivos relacionado con la "cuestión religiosa" fue el aborto, pues tanto UCD como Alianza Popular defendieron posiciones antiabortistas.

Ni las concesiones que realizó el gobierno, por ejemplo en los contenidos de la nueva asignatura, ni el generoso acuerdo que se alcanzó para financiar a la Iglesia Católica a través del Impuesto de la renta, sirvieron de mucho para poner fin a la movilización católica dirigida por los obispos e impulsada desde la Cadena Cope (propiedad de la Iglesia) y otros medios.

El Partido Popular cuando ganó las elecciones de 2011 se dispuso a modificar esas leyes, tal como había prometido, excepto la Ley del Matrimonio Homosexual, una vez que el Tribunal Constitucional había admitido su constitucionalidad.