Derechos humanos durante el estallido social en Chile

[20]​ El Ministerio del Interior y Seguridad Pública negó referirse a las situaciones de excesos y fallecimientos frente a la prensa durante los primeros días de manifestaciones.

[22]​ El ministro de la cartera Andrés Chadwick señaló que no tenía «ninguna responsabilidad política en esta situación» tras ser pedida su renuncia.

[25]​[26]​ En tanto, el equipo de investigadores enviado por Amnistía Internacional afirmó que lo ocurrido en Chile era «realmente grave» y destacaron que las violaciones a los derechos humanos se registraron a nivel masivo y por un tiempo sostenido, con consecuencias serias para la población.

[27]​ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también manifestó preocupación ante el uso excesivo de la fuerza pública y urgió al Estado chileno para que entablara un diálogo con las partes involucradas.

[29]​ La organización Human Rights Watch también envió una comitiva al país,[30]​ mientras que el programa Unicef alertó vulneraciones a menores de edad.

[37]​ El 26 de diciembre de 2019, se viralizó una entrevista del presidente Sebastián Piñera con CNN en Español, donde el mandatario aseguró que muchos de los videos que muestran violaciones a los derechos Humanos en Chile son grabados en el extranjero o que son derechamente falsos.

Además recalcó que la responsabilidad era del presidente al no dar instrucciones claras a las fuerzas armadas durante el estado de emergencia y también del alto mando de Carabineros al declarar que no daría de baja a ningún carabinero aunque lo obligaran a hacerlo.

Guevara-Rosas finalizó su intervención diciendo que el organismo le había solicitado una reunión al presidente una semana atrás para entregarle la evidencia con las más de 10 000 denuncias, pero que no había recibido ninguna respuesta.

El documento señala que hasta diciembre de 2023 se han presentado 127 cargos respecto a las 10.142 denuncias realizadas.

[54]​ Más tarde, la coronel Karina Soza, en representación de Carabineros de Chile, declaró que la institución está compuesta por profesionales con una capacitación continua propensa a errores humanos y que casi 2000 uniformados habían sido lesionados.

También presenta sugerencias en cinco apartados, los cuales se resumen a continuación.

La última vez que la Comisión había publicado un documento dedicado a un análisis integral de la situación de los derechos humanos en Chile ocurrió 37 años atrás.

[61]​ El informe destacó la instalación de la Convención Constitucional como respuesta democrática al estallido social.

Según la Comisión, "este proceso representa un paso histórico hacia la reconciliación y una oportunidad única para revertir la situación actual hacia una nueva etapa de pleno goce de DD.HH.

[62]​ En 2022, el ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, realizó una declaración en su cuenta de Twitter que denominó "Las siete verdades", haciendo referencia a su gestión durante la como cabeza del INDH en el marco del Estallido social de 2019, en ellas señala que durante ese periodo se produjeron las más graves violaciones a los DD.HH desde el retorno a la democracia y que el Estado no ha hecho nada para esclarecer estos acontecimientos, sin embargo según sus palabras “Hasta el día de hoy nadie ha comprobado que en Chile, el Estado de Chile organizó y ejecutó un ataque masivo a la población civil, pactando la impunidad.

No hay ningún informe internacional de derechos humanos que diga lo contrario, ni tampoco el INDH”, desacreditando así cualquier interpretación en relación con que durante el estallido social se produjeron violaciones sistemáticas a los DD.HH..[63]​ También detalla en su declaración que el Instituto Nacional de Derechos Humanos fue objeto de presiones constantes por parte de ciertas organizaciones sociales, así como por el PCCh y el Frente Amplio que gatillaron en la toma del establecimiento durante 2021 que duró 8 meses, para así incidir en un cambio de postura del INDH y establecer que el Estado de Chile cometió violaciones sistemáticas a las garantías fundamentales tras el estallido social, así como asegurar que las personas detenidas durante los desmanes en el estallido social eran presos políticos.