A partir de entonces se le considera un desaparecido durante el conflicto armado interno peruano.
[3][4] Inmediatamente la familia inició un proceso penal para conocer el paradero del cuerpo de Castillo.
El gobierno de Alberto Fujimori se negó a adoptar estas recomendaciones.
Esta determinó que el Estado Peruano estaba en la obligación de investigar este crimen y sancionar a los responsables.
No obstante, debido a la ausencia de avances en la investigación por parte del Estado, la Corte proyectó emitir su fallo definitivo en 1998.