[1] El expediente demuestra que habría sido obligado a ingresar a distintos sistemas del organismo —tales como eFisco, Cuentas Tributarias, Red Fiscal, Mis Facilidades y Mis aportes—, para extraer información de declaraciones juradas, movimientos bancarios y consumos de tarjeta de crédito, entre otras operaciones, sin que hubiere un expediente administrativo y/o fiscalizaciones en trámite que lo habiliten.
Paralelamente la investigación reveló presuntas maniobras fraudulentas para favorecer a varias empresas entre ellas IECSA que se encontraba investigada por insolvencia fiscal fraudulenta y el Grupo Murata que facturaba para el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y sobre la cual pesaba una investigación por presunta estafa por 400 millones de pesos.
[4] Inclusive, en la causa se pide investigar si Abad y Mecicovsky ayudaron a la empresa IECSA, del primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, para «readecuarse» ante una posible «insolvencia fiscal fraudulenta».
Puntualmente, se ejemplificó la maniobra con el Grupo Murata (dedicado a seguridad privada) que le facturó al Gobierno porteño y omitió una declaración de ventas por parte de la UTE que prestó esos servicios.
[17] Tras ser imputado Abad reunió a todos los subdirectores nacionales a quienes intentó llevar "tranquilidad" y que "está todo controlado "que bajo Línea" a la justicia, diversos medios calificaron la maniobra como embestida de Elisa Carrió contra los jueces federales y, en especial, sobre el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, una de las primeras víctimas.