Los hechos han sido considerados a priori como delito por la justicia argentina, que procedió a abrir la investigación bajo la dirección del juez Martín Bava de la ciudad de Dolores.
Pasado un año y dos días la nave fue encontrada por una empresa privada a 907 m de profundidad, con toda su tripulación muerta y muy cerca del punto de desaparición, en un lugar que la Armada ya conocía desde veinte días antes.
[2][3] El hundimiento y las búsquedas posteriores a la desaparición estuvieron afectadas por sospechas, irregularidades, negligencias, informes tardíos o contradictorios, luchas internas, espionaje y conflictos con los familiares de los marinos, que exigían información, participación en las investigaciones y respeto a los marinos muertos en servicio.
El informe contó con la unanimidad de los doce legisladores de la comisión, excepto el capítulo referido a la responsabilidad, en el que la mayoría opositora (siete legisladores) y la minoría oficialista (cuatro diputados), elaboraron informes diferentes.
El dictamen minoritario no encontró fallas en la responsabilidad de los funcionarios políticos.