Estatuto de Autonomía de Segovia

[2]​ Sin embargo, tras la polémica repetición de la votación en Cuéllar, no se alcanzó el censo favorable necesario para iniciar el proyecto uniprovincial.

La Constitución española de 1978 no estableció un modelo territorial acabado, sino que estableció una serie de procedimientos para permitir obtener cierto grado de autonomía a las distintas nacionalidades y regiones que componen el territorio español, lo que dio lugar a una posterior regionalización de la totalidad del Estado.

Podían acceder a la autonomía utilizando la vía lenta todas las provincias españolas limítrofes que tuvieran elementos históricos, culturales y territoriales comunes, los territorios insulares, y las provincias con entidad regional histórica.

La iniciativa del proceso autonómico mediante esta vía la tenían las diputaciones provinciales o cabildos insulares y las dos terceras partes de los municipios cuya población representara al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.

Si la iniciativa autonómica no prosperaba, debían pasar cinco años para reiterar.

El pleno tuvo lugar el 3 de diciembre de 1981, y el resultado fue inverso al anterior: esta vez, 7 votos pedían a las Cortes Generales la incorporación de Segovia a Castilla y León, frente a los 6 que apoyaban la vía uniprovincial.

El Tribunal concluyó que las Cortes Generales eran «el órgano constitucional del Estado competente para invocar y apreciar la concurrencia en tal situación de “razones de interés nacional” justificativas de la decisión normativa que se contiene en la Ley 5/1983» por lo que «las Cortes no excedieron los límites del 144. c).