Los expulsados eran devueltos a sus países de origen en vuelos especialmente fletados para ello.
[1] El Gobierno francés consideró a los gitanos romaníes que vivían en situación irregular un grupo implicado en actividades ilícitas y una amenaza para el orden público, por lo que, pese a que no se llevaron a cabo procesos legales en este sentido, esgrimió razones de seguridad y de lucha contra la delincuencia para justificar su decisión.
A lo largo del día se realizaron otras concentraciones en las principales ciudades europeas, entre ellas Madrid, Barcelona, Roma, Londres, Bruselas, Viena y Budapest.
[1] Según dijo el ministro galo del Interior, Brice Hortefeux, París "está cumpliendo con las normas europeas.
No obstante, paradójicamente, no existía ninguna norma que les impidiera volver a Francia si lo deseaban, y residir de forma legal durante otros tres meses antes de que pudiesen volver a ser expulsados.
También recibieron la condena de organismos oficiales e instituciones, como las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo o la Santa Sede.
Tanto Rumanía como Bulgaria alertaron sobre posibles reacciones xenófobas y recordaron que no podían cerrar sus fronteras.