La Fiscalía General del Yucatán es un órgano constitucional autónomo del estado del estado mexicano de Yucatán.
Está a cargo, junto a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Yucatán, del Ministerio Público, institución cuya naturaleza es ser la representación de los intereses de la sociedad del estado, además de ser la encargada de investigar y perseguir, ante los tribunales, los delitos cometidos, en los que son de la jurisdicción del Poder Judicial del Estado de Yucatán.
Su origen se encuentra estipulado en el artículo 62 de la Constitución de Yucatán.
[1] Para la realización de sus competencias, la Fiscalía General del Estado es la encargada de iniciar y conducir la investigación de los hechos que las leyes señalan como delito, coordina a la Policía y a los servicios periciales durante la investigación, resuelve sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por los ordenamientos aplicables y, en su caso, ordena las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión.
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