La operación salió a la luz en 2021, cuando la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) realizó una denuncia penal a raíz de documentos y registros fílmicos encontrados en el organismo, realizados durante la presidencia de Mauricio Macri entre 2015 y 2019.
Según se denuncia, el macrismo armaba causas judiciales destinadas a perseguir y encarcelar a gremialistas durante el gobierno de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires.
[5] [6][7][8] Cómo parte del funcionamiento de la Gestapo macrista en la provincia de Buenos Aires incluyó el armado y montaje de causas penales sobre falsa información y espionaje contra opositores políticos, periodistas no alineados, sindicalistas, gremialistas, actores sociales la criminalización de protestas, aprietes a jueces, inteligencia ilegal sobre gremios y saturación de espías en todo el territorio bonaerense.
[9] Entre los imputados se encuentran empresarios, funcionarios del gobierno macrista, miembros del poder judicial y agentes de la Agencia Federal de Inteligencia.
[10] En paralelo se formó una comisión bicameral legislativa que decidió convocar a la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y al actual procurador general el macrista Julio Conte Grand y al exjefe de Gabinete bonaerense, el salteño Federico Salvai.