Guerra urbana en la Comuna 13 de Medellín (2001-2003)

El crecimiento rápido de Medellín tiene entonces tres causas: natalidad, éxodo rural, y desplazamientos debidos al conflicto armado (15.000 personas en 2001).

Si la violencia se ve incrementada en esa época por el impacto del conflicto armado, ésta lejos de ser su causa principal.

Al igual que en otras zonas periféricas de la ciudad, las fronteras invisibles entre barrios siguieron siendo una realidad durante mucho tiempo: las bandas rivales se codeaban en San Javier, pero entre barrios sólo se cruzaba una "frontera", literalmente, a riesgo de la propia vida.

La guerra urbana que surge en esa época es en gran medida una deslocalización de la guerra en las zonas rurales.Tradicionalmente muy conservadora en lo político y desigual en lo social,[Nota 3]​ la sociedad colombiana deja poco espacio político a los movimientos progresistas legales, pero es reacia a negociar con aquellos que sólo ven o quieren una salida a través de la lucha armada.

De hecho, Colombia es el único país latinoamericano que nunca volteó a izquierda desde el año 2000.

Según un testigo, estas milicias populares habrían contado hasta 20.000 miembros en la Comuna 13, hombres y mujeres, combatientes o no.

Han principalmente dos fuentes de ingresos: las vacunas (es decir extorsiones), tal el peaje diario impuesto a los buses, y los « secuestros exprés » (retienen alguien y, se es solvente, solo lo sueltan cuando la familia ha pagado).

En el transcurso del año, mientras los paramilitares se reagrupan a nivel nacional en las Autodefensas Unidas de Colombia y, no sin conflictos mortales entre ellos, el Bloque Metro cede el control de la Comuna 13 al Bloque Cacique Nutibara, dirigido por el narcotraficante Diego Fernando Murillo, alias Adolfo Paz o Don Berna.

[GMH 3]​ Los desplazamientos de población aumentan, ya sea por miedo, por destrucción o simplemente forzado.

[Aricapa 4]​ Las manifestaciones y las huelgas de buses se suceden para protestar contra la violencia o las extorciones.

[Aricapa 6]​ Las violencias de todo tipo, los secuestros, las desapariciones, los desplazamientos forzados... no son los únicos aspectos del drama que vive la población.

Los vecinos ya no son una presencia conocida y tranquilizadora: pueden ser espías, combatientes escondidos, informadores; la desconfianza es la norma.

Toda la vida social se convierte en desorden, desconfianza y miedo:[GII 5]​ es vivir dos años en medio de un campo de batalla; es vivir una pesadilla real, para volver a encontrarla, en sueño, cuando se consigue a dormir.

Implican a la policía y al ejército, teóricamente bajo el control de la fiscalía, cuyas decisiones se supone que deben aplicar.

Aunque las autoridades negaron la participación de los paramilitares contra toda evidencia, varios de ellos, así como unos militares, confirmaron y esclarecieron posteriormente esta colaboración, incluso ante los tribunales, como hizo el propio Don Berna,[17]​ Juan Carlos Villa Saldarriaga, alias Móvil 8[18]​ u otros.

[GII 8]​ Entre estas operaciones conjuntas, dos se destacan por su importancia, sus daños colaterales y su resultado: Mariscal en mayo de 2002 y Orión en octubre del mismo año[Nota 5]​ Esta operación a gran escala se lanza el martes 21 de mayo de 2002, oficialmente con vistas a desactivar las acciones previstas por las milicias para sabotear la elección presidencial fijada al domingo siguiente.

Cuando dos civiles resultan heridos en la calle sin que se pueda rescatarlos bajo el fuego, la población comienza a tender sábanas y otras telas blancas, primero en las ventanas y luego en la calle: es la "Marcha de los Pañuelos Blancos".

[GMH 5]​ Limitándose a los balances oficiales, dejó: 9 muertos, entre ellos 3 niños, 39 heridos (entre ellos 31 civiles, 2 soldados, 6 policías) y 31 prisioneros (entre ellos 2 jefes del ELN).

[Aricapa 9]​ El éxito es relativo: el número de insurgentes neutralizados no supera el de operaciones anteriores, Otoño 1 y Contrafuego, que habían movilizado muchos menos recursos y causado muchas menos víctimas civiles.

Álvaro Uribe, acabando de ser elegido, prepara una guerra sin cuartel contra la guerrilla en la Comuna 13 como en todo el país.

De hecho en Medellín, la Comuna 13 es la última cuyas milicias no han sido eliminadas.

[GII 9]​ Y para la ONG de Medellín, Corporación Jurídica Libertad,[20]​ trece años más tarde, ha aumentado considerablemente: 17 homicidios a manos de la fuerza pública, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 80 civiles heridos, 12 personas torturadas, 92 desapariciones forzosas y 370 detenciones arbitrarias.

A su vez iza la bandera de Colombia, seguido por funcionarios y residentes locales, como si fuera una fiesta nacional.

[Aricapa 13]​ Se opta por dejar que los paramilitares terminaran el trabajo: las detenciones arbitrarias, las exacciones y las ejecuciones durarían dos meses después de Orión, hasta diciembre.

Esta última concede una amplia impunidad a los delitos cometidos, aunque en teoría se prevén sanciones.

[25]​·[Castaño 1]​ En la comunicación oficial, las operaciones Mariscal y Orión debían dirigirse contra todos los grupos armados, incluidas las AUC.

Los combatientes muchas veces dejaban los cadáveres en las calles, pero también podían deshacerse de los cuerpos discretamente en fosas comunes.

[27]​ Las autoridades públicas lo tratan con desprecio: el ministro del Interior, Fernando Londoño Hoyos, afecta en considerarlo como una "mentira monumental".

Los crímenes cometidos de ambos lados durante esta guerra urbana siguen impunes, con las excepciones mencionadas a continuación.

Sin embargo, se indigna porque ningún otro organismo público ha respondido a su petición y la renueva con un ultimátum de cinco días.