Durante sus sesiones, se realizó una profunda reflexión sobre la situación de la lengua catalana y sobre las medidas que habría que tomar para asegurar su normalización.
A la vez, los organizadores juzgaron oportuno redactar un Libro Blanco sobre la unidad de la lengua catalana, que fue publicado en 1989 por la editorial Barcino.
La Generalitat defendía una “revitalització irreversible del català”, frente a un recurso que ponía en duda el Estatut de 1978.
Además, el Gobierno central recurrió otros decretos y normas lingüísticas de la Generalitat.
De entre sus siete áreas científicas, destacó la denominada Llengua i Dret, presidida por el notario Josep Maria Puig Salellas.