El imputado o la imputada es, de acuerdo a la legislación chilena, aquella persona a la que se le atribuye participación en un hecho punible,[1] siendo uno de los más relevantes sujetos procesales.
Las facultades, derechos y garantías que la Constitución Política de la República de Chile, el Código Procesal Penal y otras leyes reconocen al imputado, podrán hacerse valer por la persona a quien se atribuyere participación en un hecho punible desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia.
[2] El imputado tiene el derecho a ser defendido por un abogado desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra, y en caso de no tenerlo, tiene el derecho irrenunciable a que el Estado le proporcione uno, designado por el juez.
[2] También tiene derecho a formular los planteamientos y alegaciones que considerare oportunos, así como a intervenir en todas las actuaciones judiciales y en las demás actuaciones del procedimiento, salvo aquellas excepciones previstas en el Código Procesal Penal.
[cita requerida] El imputado privado de libertad tendrá, además, las siguientes garantías y derechos:[2]