Poco después se afilió al Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), razón por la cual en 1972 fue desterrado en Lérida.
[1][2] En 1984 se hizo cargo, junto con Carlos Jiménez Villarejo, de la querella contra Banca Catalana, que finalmente fue archivada.
Desde su cargo destacó por enfrentarse al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, al negarse a repatriar a los menores de edad extranjeros indocumentados[3] y a denunciar las concentraciones ante el Partido Popular la noche antes de las elecciones generales de 2004.
[4] También apoyó al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, cuando fue declarado culpable del delito de prevaricación y condenado a expulsión de la carrera judicial por el Tribunal Supremo, al haber grabado ilegalmente las conversaciones de investigados con sus letrados defensores, vulnerando sus derechos fundamentales y garantías procesales.
Desde entonces ha pasado a presidir la Associació Catalana de Juristes Demòcrates (ACJD).