Juicio de los fondos buitre contra Argentina
La causa fue llevada adelante en Nueva York por el juez Thomas P. Griesa quien en 2012 emitió un fallo a favor de los fondos buitre y ordenó que Argentina debía pagar la totalidad de lo reclamado,[1] a los holdouts que no habían aceptado los anteriores acuerdos.
Sin embargo, un grupo de acreedores (el 7 % aproximadamente) no entró en la reestructuración y un subgrupo más pequeño (1 %) conformado por fondos buitres, por parecer incobrables, y desde entonces intentaron embargar bienes argentinos en todo el mundo y realizaron más de 900 juicios, para poder cobrar los bonos al valor total y obtener una ganancia de más del 1600 %, llevar a juicio a la Argentina para reclamar el pago de la deuda con altas ganancias, implica violar una de las cláusulas que conforman el contrato firmado entre el país y los bonistas reestructurados ―la cláusula RUFO―, que imposibilita realizar acuerdos de pagos superiores a los montos acordados en los canjes 2005 y 2010.
En otras palabras, mediante la crisis financiera, los fondos buitre se arriesgan al comprar títulos de deuda de los países en una situación económica crítica, a precio basura para luego litigar en los foros internacionales e intentar cobrar la totalidad del valor.
Determinó que Argentina no podría seguir cumpliendo con sus obligaciones con los tenedores de deuda que habían aceptado las propuestas de canje hasta tanto no se cancelaran esos pasivos impagos.
Entre ellos se encontraba NML, uno más visibles que había iniciado numerosas demandas e impulsado la retención de la fragata Libertad.
[13] El 28 de noviembre la Organización Marítima Internacional (OMI) certificó que la Fragata Libertad es un buque militar y por lo tanto es inembargable.
[15][16] También respaldaron la posición argentina el G 77,[17] la UNASUR,[18] los BRICS, la CELAC y más de 80 países (entre ellos Gran Bretaña, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Chile, Uruguay, Ecuador, Italia, Brasil, Suiza, Perú, Rusia, etc.).
[47] En 2014 la ONG digital Avaaz lanzó una campaña a favor de Argentina, indicando que este precedente «pondrá en peligro los esfuerzos que muchos países del mundo están realizando por reestructurar sus deudas soberanas.
El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional –organismos responsables de estas deudas injustas– han expresado su grave preocupación por las implicaciones del fallo para las futuras crisis de deudas soberanas».
Por orden del juez Griesa el pago a los tenedores de deuda no se hizo efectivo, por lo que los fondos argentinos quedaron retenidos en dichas cuentas a la espera de una resolución del conflicto.
[56] En tal oportunidad, Kicillof enunciaba en conferencia de prensa que «Argentina pagó.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se prenunciaba en Casa de Gobierno afirmando que «No vamos a entrar en default, porque en default entran los que no pagan y Argentina pagó».
[64] En 2016, el nuevo gobierno de Argentina, liderado por el empresario Mauricio Macri, decidió pagarles 9.300 millones USD a los fondos buitre, incluyendo 4.782 millones al de Paul Singer.
Recibió tratamiento legislativo, y para su aprobación fue decisivo el apoyo en Diputados del Frente Renovador (encabezado por Sergio Massa), y en el Senado del peronismo conservador (encabezado por Miguel Ángel Pichetto).
[70] Datos del diario británico Financial Times revelaron que para pagarles a los buitres, Argentina emitió la mayor suma de deuda para cualquier nación en desarrollo desde 1996, siendo el país que más se endeudó en el mundo.
