Estos procesos se iniciaron con las pesquisas encomendadas por el Consejo Real de Navarra a Pedro de Balanza, miembro del Consejo Real y abogado de los Reales Tribunales de Navarra.
Balanza llevó a cabo sus investigaciones y juicios entre enero y agosto de 1525.
Como consecuencia de estas investigaciones y los juicios resultantes de las mismas, fueron ejecutadas aproximadamente medio centenar de personas en diversas localidades navarras.
A consecuencia de ello, varias personas fueron juzgadas por brujería.
[2] Estas actuaciones del Consejo de Navarra provocaron la intervención del Consejo de la Suprema Inquisición, que asumió la jurisdicción sobre la persecución de la brujería y emitió además una serie de normas inquisitoriales sobre cómo proceder, estableciendo en ellas diez puntos básicos que debía seguir el tribunal inquisitorial de Navarra en las causas de brujería:[3] Además, para evitar que se reprodujeran nuevos casos, estableció estas cinco normas:[4]