[1] Varias soluciones básicas son propuestas por la sociedad civil:[2] Esto supone avanzar en un proceso de redistribución de ingresos y de riquezas capaz de disminuir la desigualdad y que promueva la equidad y la inclusión social, tanto a nivel nacional, subregional, regional e internacional.
Para cumplir con este objetivo, el sistema fiscal debe estar diseñado y articulado de tal manera que establezca una coherencia entre la política recaudatoria y las políticas de gasto público.
Sus partidarios defienden que la recaudación debe regirse por un principio de progresividad, para recaudar en función de la capacidad económica real que se tiene (tanto empresas como individuos) y financiar el gasto público.
[3] Un movimiento de la sociedad civil formado por activistas, organizaciones de base (como la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJF)), ONG,[4] sindicatos, etc. trabaja para cambiar el sistema fiscal en diversas regiones del mundo, para lograr políticas fiscales que ayuden a reducir las desigualdades.
Es formada por cinco redes regionales en África, América Latina, Asia y Australia, América del Norte y Europa, que en conjunto representan a cientos de organizaciones: