Ley Integral para Personas Trans
El objetivo de la ley es disminuir la discriminación estructural que sufre esta población.
El 87,9% no completó estudios secundarios y el 88% reportó haber sufrido discriminación en ámbitos educativos.
Los lemas de la campaña fueron #LeyTransYa y “Nuestro derecho a SER es urgente”, frases que se estamparon sobre el pañuelo amarillo que utilizaban las personas como manifestación de apoyo y se utilizaron en las redes sociales.
La campaña, autogestionada desde la sociedad civil y liderada por activistas trans como Marcela Pini, Josefina González, Delfina Martínez, Karina Pankievich,[6] Diana Sellanes[7] Alfonso Pisano,[8][9] Lucky Piñeiro,[10] Agustín Cheda,[11] entre otres; logró una importante adhesión y cosechó más de 60.000 firmas que fueron entregadas al Parlamento el 10 de octubre de 2018.
En el artículo 4, inciso C) se define a la persona trans como:"la persona que se autopercibe o expresa un género distinto al sexo que le fuera asignado al momento del nacimiento, o bien un género no encuadrado en la clasificación binaria masculino femenino, independientemente de su edad y de acuerdo a su desarrollo evolutivo psicosexual".
[2] Los programas y políticas de vivienda incluirán específicamente a las personas trans.
Para los tratamientos irreversibles no se exigen autorizaciones judiciales ni administrativas, siendo el único requisito el consentimiento informado contando con una valoración médica exhaustiva.
En caso de no tener dicho consentimiento, será posible acceder al tratamiento con un informe favorable del equipo médico y autorización judicial.
Para estos casos se prevé la posibilidad de contar con un tutor legal frente al Poder Judicial.
Esta pensión no se otorga a personas que perciban una jubilación, pensión, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial (a menos que opten por la reparación económica).
[23] Integrantes de la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans presentaron una denuncia penal contra ambos diputados por incitación al odio.
[27] La votación en esta instancia estuvo en el entorno del 10% de los habilitados, no llegando al 25% necesario para convocar a referéndum.
