Posteriormente se fueron modificando y anulando distintos artículos de la ley por ser también inconstitucionales.
Votaron en contra PP, PSOE, UPyD, UPN y Foro Asturias; a favor Izquierda Plural, CiU, PNV, BNG, Amaiur, ERC, Compromís y Geroa Bai.
El dictamen señalaba que la ley está amparada por el artículo 122 del Estatuto y no incumple la Constitución.
Los 5 juristas que votaron a favor fueron los propuestos por CiU y ERC al principio de la legislatura.
[16] Aunque apoyó la ley, el PSC manifestó que la Ley de Consultas Populares no Referendarias y Participación ciudadana no amparaba legalmente la «consulta» prevista para el 9-N.
Por el contrario, el portavoz de CiU Josep Rull afirmó que la ley «encaja plenamente en la Constitución y en el Estatuto».
Sin embargo, excluye a los catalanes residentes en otras partes de España.
[17] La Consultas podrán ser promovidas no solo por la Generalidad o por el Parlamento de Cataluña, sino también por los municipios y las diputaciones, que podrán convocar un máximo de tres al año en el ámbito de toda la comunidad autónoma y tres más en el ámbito local.
Al conocer la noticia el presidente Artur Mas declaró: «Si el Tribunal Constitucional nos dice parcialmente no a la ley de consultas y no al decreto, quiere decir que solo nos dejan un camino al pueblo de Cataluña, que son las elecciones».
Por su parte el presidente Mariano Rajoy recibió la noticia con enorme satisfacción destacando que la sentencia había sido acordada por unanimidad.