La Ley de góndolas es una legislación ecuatoriana aprobada en 2011, durante el gobierno de Rafael Correa, con el propósito de evitar que las marcas dominantes perjudiquen a los consumidores distorsionando precios.
Fue propuesta dado que varios supermercados no pagaban la mercancía que adquirían en tiempo y forma, perjudicando así a los pequeños productores.
Los puntos principales de la ley en Ecuador son los siguientes: La Superintendencia de control del Poder de Mercado, quien fue la propulsora de la ley, indicó que tuvo resultados muy beneficiosos, ya que a pesar de la fuerte resistencia de las grandes empresas, se logró una oferta diversa de productos.
Además, hubo mayor innovación y mayor cumplimiento de estándares de sanidad.
Lo que no pudo reducirse fue el precio, aunque argumentaron que la dolarización predominante en el país sudamericano, lo impedía.