En este período democrático republicano, y como jurista, fue fiscal general de la República Española, fiscal jefe del Tribunal Supremo y del Tribunal de Garantías Constitucionales.
Al estallar la Guerra Civil y ocupada Galicia por el ejército sublevado, trató de ser abogado defensor de varios acusados en los consejos de guerra sumarísimos, pero distintas amenazas y registros en su domicilio le hicieron desistir.
Al finalizar el conflicto el Tribunal de Responsabilidades Políticas le impuso una fuerte multa, si bien pudo evitar otras represalias mayores gracias a su amistad con un militar del servicio jurídico.
Con la desintegración del partido centrista en 1982, se integró en Alianza Popular, formación con la que fue elegido diputado en las elecciones al Parlamento de Galicia de 1981 y y 1985.
Tras las elecciones generales de 1986, fue designado senador por la Comunidad Autónoma, cargo que ocupó hasta su muerte.