Luego del asesinato de Monseñor Romero, continuó como colaborador del nuevo arzobispo, Arturo Rivera y Damas.
En 1983 fue nombrada directora de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado, cargo que desempeñó hasta su muerte.
Ella luchó por esclarecer los casos de los asesinatos de Monseñor Romero, los Jesuitas y la Masacre del Mozote, llegando a reclamar la responsabilidad del Estado salvadoreño en estos hechos, ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En 2004, la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" le otorgó un doctorado honoris causa en Derechos Humanos.
Falleció a causa de una dolencia cardíaca.