Matrimonio entre personas del mismo sexo en Yucatán

La ley entró en vigencia tres días después y convirtió a Yucatán en el vigésimo quinto estado mexicano en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El fallo estandarizó los procedimientos para que los jueces y tribunales de todo México aprueben todas las solicitudes de matrimonios entre personas del mismo sexo e hizo obligatoria la aprobación.

Específicamente, el tribunal dictaminó que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo viola los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 1 de la Constitución establece que "queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Específicamente, el artículo 94 fue modificado para decir que el matrimonio es "la unión de un hombre y una mujer".

Políticos del conservador Partido Acción Nacional (PAN) justificaron la prohibición alegando que "todavía no existen las condiciones adecuadas dentro de la sociedad yucateca para permitir las uniones entre personas del mismo sexo".

[17]​ El evento provocó protestas frente al Congreso local por parte de organizaciones LGBT.

[18]​ Yucatán había sido uno de los tres únicos estados mexicanos en promulgar una prohibición constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo; los otros fueron Baja California y Colima.

[27]​[28]​ En ambos casos, el Congreso votó en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo en una votación secreta, sin que el público pudiera tener conocimiento de los votos emitidos por sus representantes.

[29]​ Dos meses antes, un tribunal federal en Sinaloa había ordenado al Congreso de ese estado que legalizara el matrimonio entre personas del mismo sexo, y cualquier legislador que votara en contra sería declarado en desacato al tribunal e incapaz de postularse o ocupar un cargo durante siete años.

[41]​[42]​ La ley fue publicada en el periódico oficial el 3 de marzo y entró en vigencia al día siguiente.

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