Minería en Bolivia
La minería de plata en la era colonial, especialmente en Potosí, desempeñó un papel crucial en el Imperio español y en la economía global.
[6] La producción minera en Potosí, en ese entonces parte del Virreinato del Río de la Plata, comenzó a descender desde 1801 debido a una aguda crisis minera provocada por la falta de azogues (mercurio) y una crisis agrícola concurrente.
[8] Durante la década de 1860, una nueva élite minera, formada por antiguos hacendados y comerciantes, comenzó a controlar las principales minas del país.
Figuras como Aramayo, Pacheco y Aniceto Arce adquirieron importantes propiedades mineras, modernizando la industria.
[11] Aunque la Compañía Huanchaca se benefició de estas mejoras, otras empresas mineras sufrieron debido a su ubicación alejada del ferrocarril.
[11] La vinculación entre minas y haciendas fue una característica clave durante el ciclo de la plata.
[11] La oligarquía se refugió en sus propiedades rurales, y aunque la minería había contribuido a la riqueza nacional, la economía boliviana permaneció dependiente del capital extranjero y de la exportación de minerales.
Sin embargo, para 1985, la producción de todos los minerales significativos en el país no había logrado superar el nivel registrado en 1975.
Sin embargo, desde 2010, la minería en Bolivia está principalmente en manos privadas, mientras que la gran mayoría de los mineros trabaja en cooperativas.
La industria minera está organizada en tres sectores principales: el sector de propiedad gubernamental, principalmente Comibol; las pequeñas cooperativas mineras; y las empresas privadas de mediana y gran escala.
[12] Sin embargo, solo unos pocos de estos grupos estaban oficialmente registrados en el Instituto Nacional para Cooperativas.
[12] La mayoría de las cooperativas eran pequeñas y consistían en mineros individuales organizados por mina o mineral específico, utilizando muy poca tecnología.
[4] Durante la década de 1980, la problemática ambiental minera no contó con un desarrollo institucional consistente y planificado.
[4] En este contexto, se destacaron instituciones de la sociedad civil, especialmente en el ámbito académico y en las ONG ambientalistas.
[4] Un ejemplo notable es la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), que comenzó a emerger durante este período como un actor principal en la gestión ambiental en Bolivia.
Durante esta década, aunque se promulgaron algunos instrumentos legales relativos a la gestión ambiental en el sector minero, estos no tuvieron un efecto institucional concreto.
Esto se refleja en el análisis de instrumentos legales como el Decreto Supremo 21060 y el Decreto Supremo 21377, que fueron fundamentales para el encauzamiento del sector productivo nacional y, específicamente, del sector minero.
[4] Esto marcó el inicio de un debate serio sobre el paradigma del desarrollo y la conservación.
[4] Este instrumento jurídico, formulado mediante un amplio proceso de participación pública y con un gran consenso político, promovió la incorporación de las preocupaciones ambientales en todos los ámbitos del desarrollo productivo nacional, y particularmente en el sector minero.
