Museo de la Masacre de Ponce
El museo se ubica en el interior del edificio donde ocurrió el hecho, con una de sus secciones dedicada al líder nacionalista, Pedro Albizu Campos.
Las tres opciones básicas del partido eran la independencia, la categoría de estado y la mancomunidad.
[4] Ese día, una marcha pacífica organizada por el Partido Nacionalista fue disuelta a tiros por las autoridades, resultando muertos y heridos un gran número de nacionalistas y transeúntes, así como dos policías víctimas del incidente.
La Comisión Hays, creada para investigar los hechos, determinó que lo acontecido en este lugar fue una masacre provocada, en gran medida, por el clima de intolerancia, discrimen y de menosprecio a los derechos civiles bajo el gobierno del general Blanton Winship.
A principios de la década de 1930, coincidiendo con el creciente sentimiento por el nacionalismo y la independencia en Puerto Rico, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt asignó un nuevo gobernador para la isla: un exgeneral del ejército estadounidense llamado Blanton Winship.
El general Winship reclutó a un oficial de inteligencia militar estadounidense (y vástago del Riggs National Bank) llamado E. Francis Riggs como su jefe de policía y gobernó durante cinco años (1934-1939).
Durante este tiempo se involucró en «una lucha abierta contra el Partido Nacionalista y una persecución directa de su liderazgo».
Ordenó redadas policiales en todas las oficinas del Partido Nacionalista en toda la isla, con el propósito expreso de encontrar pruebas que incriminaran a los miembros del partido en el asesinato; sin embargo, nunca se encontraron pruebas.
La eliminación de la dirección del partido, sin embargo, no detuvo ni la militancia nacionalista ni la represión de Winship, situación que resultó en el hecho violento que tuvo lugar en Ponce en 1937.
Estos, junto con sus familias, amigos y transeúntes locales, comenzaron a reunirse alrededor de la casa club en preparación para el desfile del mediodía.
[8] Se cree que la policía disparó un tiro para instigar el incidente y proporcionar una coartada para abrir fuego contra los manifestantes desarmados.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) llegó a Puerto Rico y formó una comisión compuesta por ciudadanos muy respetados para investigar el incidente, con el Dr. Arthur Garfield Hays, presidente de la ACLU, como presidente de la Comisión.
En 1987, la Legislatura de Puerto Rico aprobó la Resolución Conjunta Número 2951, designando la propiedad como un monumento histórico nacional.
