Operación Madeja es el nombre de una operación anticorrupción dirigida por la juez Mercedes Alaya e investigada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española.
La operación, iniciada en 2013 y que estuvo sujeta a secreto de sumario en sus primeras fases, investigaba supuestas comisiones por parte de la empresa Fitonovo a cambio de contratos, que habrían causado perjuicios a instituciones públicas de Andalucía, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Comunidad de Madrid, y también al Ministerio de Fomento, a los ayuntamientos de Sevilla, Algeciras (Cádiz) y La Carolina (Jaén) y a la empresa pública Adif.
[1] Uno de los principales investigados fue Domingo Enrique Castaño, exresponsable del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista.
[2] La investigación reveló un supuesto enriquecimiento ilícito cifrado por la Guardia Civil en más de 400.000 euros y relacionado indiciariamente con pagos recibidos por Enrique Castaño de la empresa Fitonovo, entre otras.
[5] En dicha operación se llevaron a cabo registros de organismos oficiales como las diputaciones de Sevilla, Córdoba y Jaén, así como de diversas empresas y domicilios particulares.