Política de Cataluña
Desde su restauración en 1980, el Parlamento está integrado por 135 diputados elegidos por sufragio universal.
La división administrativa de Cataluña se conforma entonces por municipios, veguerías y comarcas.
Las veguerías son ámbitos territoriales específicos para el gobierno intermunicipal y de cooperación local.
Presentó a Artur Mas como candidato a la presidencia de la Generalidad, pero fue rechazado en dos votaciones con el voto en contra de todas las demás fuerzas políticas.
Finalmente, tras un acuerdo a última hora con la CUP-CC, Carles Puigdemont fue elegido en la tercera votación 130.º presidente de la Generalidad.
Algunos partidarios del nacionalismo catalán defienden la idea de que Cataluña es una nación y a la vez su pertenencia al Estado español, ya sea bajo el actual sistema de autonomías o bajo un sistema federal.
El movimiento secesionista ha ido perdiendo fuerza con los años a la vez que los discursos conciliadores vuelven a cohesionar y las generaciones más jóvenes no están interesadas en la independencia prefiriendo el modelo autonómico.
A nivel de diputados CiU consigue el mayor número, seguido del PSC, ERC, PP e ICV.
[4] Después de la negativa del gobierno central a negociar sobre el «pacto fiscal», CiU decidió que no tenía sentido seguir con la legislatura, ya que esa era su propuesta política más importante.
CiU volvió a ser la fuerza política más votada, si bien bajó en número de escaños.
[5] El acuerdo estipuló que la fecha de la consulta debería ser pactada entre ambas formaciones, las cuales se comprometieron a llevarlo a cabo en 2014 «salvo que el contexto socioeconómico y político requieran una prórroga».
[12][13] CiU (50 diputados), ERC (21) y ICV-EUiA (13) apoyaron la declaración de soberanía.
La CUP dio un «sí crítico» con 1 voto a favor y 2 abstenciones.
[18] Poco después del comienzo de la votación algunas organizaciones políticas, como Unión Progreso y Democracia (UPyD) y Plataforma per Catalunya (PxC), presentaron denuncias al juzgado de guardia, exigiendo la detención de dirigentes del gobierno de Cataluña y la paralización del proceso por incumplir la resolución del Tribunal Constitucional, que había suspendido el proceso participativo.
Si ese acuerdo, como la propia Generalidad espera, no llega a realizarse, Artur Mas propondría la celebración de unas elecciones anticipadas, preferiblemente con una lista conjunta con otras fuerzas políticas y organizaciones soberanistas.
[24] Sin embargo, esta alternativa no es compartida por Unió, que se opone a unas elecciones anticipadas.
Estas actuaciones eran, según afirmó el tribunal, "inconstitucionales en su totalidad, en cuanto viciadas de incompetencia, por no corresponder a la Comunidad Autónoma la convocatoria de consultas que versan sobre cuestiones que afectan al orden constituido y al fundamento del orden constitucional".
