Política de vivienda
Puede llevarse a cabo a nivel nacional, subnacional o municipal, de forma coordinada o contradictoria[3] (en este caso será menos eficaz).
[9] Como actor local, el municipio depende principalmente de las autoridades nacionales o subnacionales.
Hubo especulación de tierras, alquileres exorbitantes y personas sin hogar.
Se aprobaron numerosas leyes para combatir la escasez de vivienda.
Proporcionar vivienda a la población se convirtió en la tarea más importante del Estado.
Por razones políticas y económicas, para las nuevas edificaciones se prefirió utilizar construcciones prefabricadas de producción industrial, al mismo tiempo que se descuidó la conservación de la antigua estructura del edificio.
Las propiedades residenciales ocupadas por sus propietarios sólo podían adquirirse de forma muy limitada.
Puede incluso tomar decisiones para que la vivienda pública (en la que viven inquilinos, pagando un alquiler al estado) o la protegida (que sus ocupantes han comprado a un precio reducido y que, si quieren venderla, deben hacerlo a un precio inferior al del mercado) pase a ser vivienda libre (sujeta solo al mercado, sin restricciones).
En ningún otro país de Europa vive más gente en alquiler que en Alemania.
Por el contrario, la comisión de corretaje durante largo tiempo varió mucho según el Land y fue criticada como una carga adicional, porque a veces recaía únicamente en el comprador.
[20] En 2020, en el artículo 656c del BGB se estipulaba por regla general el reparto a medias de esta comisión entre el comprador y el vendedor en la compra de apartamentos y viviendas unifamiliares, siempre que el comprador fuera un consumidor.
Los nuevos edificios subvencionados no pueden ni siquiera compensar un tercio de estas salidas.
La cuestión de la eficiencia energética está sólo parcialmente desarrollada en casi todos los Estados miembros.
Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, los Países Bajos, Suecia y Suiza intervienen en el mercado inmobiliario en forma de desgravaciones fiscales.
Las subvenciones, especialmente en forma de préstamos a bajo interés, forman parte de la política común del mercado inmobiliario en Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, Austria, Polonia y Hungría.
Francia, Finlandia, Irlanda, Noruega y Polonia están construyendo viviendas sociales a través de empresas públicas.
Italia está intentando facilitar la renovación energéticamente eficiente del parque de viviendas mediante desgravaciones fiscales.
En España las competencias sobre vivienda pertenecen a las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
