Los integrantes de la delegación uruguaya realizaron entrevistas a las familias preseleccionadas por ACNUR.
Uruguay puso como condición al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que el 60% fueran menores y que por cada familia hubiera un mayor en condiciones de trabajar.
Un trabajador social y un psicólogo realizaron el acompañamiento socioeducativo con la intención de que paulatinamente se integren a la sociedad.
Al ser un programa de reasentamiento pueden volver a su país en cualquier momento.
El plan le cuesta a Uruguay entre 2,5 y 3 millones de dólares en dos años.
La concurrencia a estos centros educativos formó parte de la inserción de estos niños en el sistema educativo, previo a su realojo en las localidades en las que residirían definitivamente.
Los refugiados, en total 42 personas, acamparon frente al edificio de Presidencia con bolsos y valijas.
Los ciudadanos con estatus de refugiados tienen un documento que les permite salir y entrar al país.
Las protestas de estas familias versaron sobre dificultades para encontrar trabajo, mantenerse en un país que consideraron muy caro y con sueldos muy bajos.