La prostitución era un problema para el régimen de la España franquista (1936 a 1975), dado que había tolerado la práctica durante la guerra civil española (1936-1939), pero la Iglesia católica se opuso activamente a la práctica.
[2] Las acusaciones falsas se han usado también para desacreditar a opositores políticos y sociales.
[2][11][12] El Estado generó una batalla interna entre mujeres, al incentivarlas a definirse a sí mismas como madres y patriotas adherentes al franquismo, o como prostitutas opositoras del régimen.
La prostitución ya no era vista como un problema, pero la inmoralidad de las prostitutas mismas sí.
Esto incluía la prostitución pública organizada por establecimientos regulados dirigidos por proxenetas o empresarios, y prostitución privada organizada por trabajadores sexuales sin la involucración de terceros tanto dentro y fuera del control ejercido por el Estado.
Las autoridades justificaban estas obras diciendo que intentaban prevenir la propagación de enfermedades venéreas.
Aun así, muchas mujeres no tenían opción más que convertirse en prostitutas callejeras porque su situación económica era muy nefasta.
La zona aún sentía los efectos de la Guerra Civil Española y no se recuperaba.
Las mujeres del área sin otros recursos recurrieron a la prostitución como una forma de supervivencia.
La mitigación ha llegado a tal extremo que las relaciones sexuales ilícitas casi que "se veían bien" en todos los círculos sociales, las inmoralidades se registran entre miembros de la familia, a veces las más serias y repugnantes. "
Huelva tenía 39 bares y salas de baile donde los hombres podían contratar a prostitutas en 1942.
Durante los 40 en Almería, 20,45% de las prisioneras estaban allí por ofensas sexuales que incluían en gran parte la prostitución.
El resto estaban tras las rejas por otras ofensas, como la coerción, crímenes contra la religión, posesión de armas o tener una identidad falsa.
Se les echaba en celdas al lado de las chicas abandonadas por sus familias, pasando sólo unas pocas noches.
Esto contrastaba con las mujeres, quienes si tenían relaciones sexuales fuera del matrimonio eran calumniadas por otros que las acusaban, entre otras cosas, de ser prostitutas.
La prostitución en los años 50 podía ser justificada culturalmente si las mujeres eran madres las cuales tenían este empleo para proveer para sus hijos.
Cuando los soldados estadounidenses visitaban España, las prostitutas autónomas subían el precio a 4,50€ (748.74 ESP).
Tales establecimientos se abrieron en las ciudades de Granada, Vigo, Cuenca, Albacete, Cartagena, León y Madrid.
Entre los hallazgos, el gobierno se refirió a las prostitutas como mujeres desajustadas y marginadas.
Es decir, las mujeres que eran prostitutas tenían trabajos durante el día y trabajaban como prostitutas durante el día para complementar sus ingresos, mientras mantenían la impresión de que eran mujeres buenas y responsables.
El régimen encontró la doble cara de estas mujeres más despreciables que si fueran prostitutas a tiempo completo.
Dichas protestantes fueron atacadas por la policía con gases lacrimógenos y bombas de humo.
Dentro de este grupo se hallaban muchos homosexuales y mujeres trans, que serían posteriormente sometidos a abusos sexuales durante su estancia en prisión.
Vestían minifaldas y bikinis, y jugaron un papel importante en la percepción de las mujeres españolas sobre otras mujeres en el hecho de que estas vestimentas no asociaban a una mujer con la prostitución.